Continúo la historia del Archivo de la Villa (parte V), en el que se empiezan a establecer una serie de normas para el control de los documentos y del personal que allí trabaja.
Archivo
de la Villa: S.XIII-1858
A
comienzos de este nuevo siglo, don José Francisco Salcedo y Aguirre, marqués de
Vadillo, intenta organizar el archivo de la Villa, realizando dos tareas:
recopilar los documentos de la Casa Consistorial y su archivo y realizar un
inventario de esos mismos documentos.
Nombran
a Juan Cristóbal del Barco y Juan Isidro Fajardo como regidores responsables
del archivo, denominándoles “comisarios para la composición del Archivo”. Y
existe un personal auxiliar para las tareas de organización, clasificación y
ordenación.
Si
una persona retuviera un documento municipal ilegalmente, se le otorgaría la
excomunión. Además, aparece un especialista en letra antigua que puede leer e
inventariar los documentos, clasificándolos como ejecutorias, privilegios,
escrituras y procesos. Todos ellos ordenados alfabéticamente.
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| Plano de la Plaza Mayor, 1636 |
Estas
medidas no tuvieron mucho éxito y Juan Cristóbal del Barco propone otras, como
el pago al personal del archivo y que el secretario firmase el Libro Becerro de
Propios para que se pudiese presentar como prueba en los juicios. Estas
peticiones, no tuvieron éxito, porque no había dinero y por lo tanto, tampoco
se incorporó al especialista en letra antigua. Sin embargo, se siguió
recogiendo documentación de las dependencias municipales.
Siempre
que se hacían peticiones para mejorar el estado del archivo, se hacían oídos
sordos. Según Timoteo Palacio, en 1716, el archivero era Juan Pedro Godi, y dos
años más tarde Francisco Méndez. (Palacio, 1875). En ese momento
además, las llaves del archivo las posee, don Julián Moreno.
A
mediados del S.XVIII, la Corona pretende reorganizar las haciendas locales, y
el Concejo de Madrid se da cuenta, de que corre peligro si no justifica con
documentación sus derechos de propiedad. Ante esta situación, el Secretario de
Gracia y Justicia, marqués de Villarias, ordena al conde Maceda, que es el
nuevo gobernador, que compruebe si existe un archivero, la situación de la
instalación, las condiciones en las que está y los problemas que habría que
solucionar para tener el archivo en correcto funcionamiento.
Ante
este mandato, el conde de Maceda, exigió el 22 de septiembre de 1746, que el
Ayuntamiento creara una plaza de archivero con un sueldo determinado, que se
supiera dónde estaban las llaves del archivo, el número exacto de documentos,
así como los inventarios existentes. Como consecuencia, se redacta un informe
en el que se detalla: la existencia de tres llaves, las normas del archivo, el
regidor decano y el secretario más antiguo, así como la norma de abrir sólo a los
nobles, cuando se necesitaba algún documento.
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